Trump se niega a firmar un proyecto de ley de vivienda histórico para presionar por su ley de reforma electoral

El presidente Donald Trump lanzó una bomba en la mañana de este miércoles al negarse a firmar un proyecto de ley bipartidista histórico sobre asequibilidad de la vivienda hasta que se apruebe su controvertida legislación de reforma electoral. Se espera que presione a los senadores en un almuerzo republicano hoy para que aprueben la “Ley SAVE America” por cualquier medio necesario.

La decisión sorprendió a legisladores republicanos y a funcionarios de la Casa Blanca, que apenas horas antes habían promocionado la iniciativa de vivienda como una de las piezas centrales de la agenda de asequibilidad del Gobierno de Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió este miércoles que Trump simplemente está utilizando el tiempo disponible antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, el mandatario también podría vetar la iniciativa, aunque ese escenario tendría pocas probabilidades de prosperar debido al amplio respaldo bipartidista que recibió la legislación durante su aprobación en ambas cámaras.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, Thune, declaró a CNN que la decisión de Trump fue una decisión propia, aunque espera que finalmente lo firme, dado que la medida aborda la cuestión de la asequibilidad.

“Fue una decisión que era su derecho. Lo que diría es que se ha trabajado en este proyecto de ley durante mucho tiempo. Es una excelente iniciativa legislativa. Aumenta la oferta de viviendas y facilita que las personas puedan permitirse adquirir una. Por tanto, es una cuestión de asequibilidad y espero que, con el tiempo, encuentre la manera de firmarlo”.

La Casa Blanca pasó de promocionar el proyecto de ley como un logro monumental a restar importancia al asunto en menos de 24 horas, impulsada por la creciente frustración de Trump ante una cuestión totalmente distinta: el estancamiento de la polémica reforma federal del sistema electoral. El propio Trump desestimó este miércoles la ley, calificándola de algo “de menor importancia”.

El contraste era notable respecto al mensaje transmitido horas antes por altos asesores de Trump, plenamente conscientes de que las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre podrían depender de la preocupación de los estadounidenses por la asequibilidad.

“Una de las leyes sobre asequibilidad de la vivienda más importantes en la historia de Estados Unidos”, escribió el martes por la noche la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X, adelantando la ceremonia de firma prevista en el Capitolio.

“Este fue un compromiso emblemático que el presidente Trump presentó en el discurso del Estado de la Unión”, publicó el miércoles por la mañana James Blair, quien dirige la estrategia de Trump para las elecciones de mitad de mandato.

Menos de tres horas después de la publicación triunfal de Blair, la cuenta de X de la Casa Blanca mostraba una perspectiva diferente sobre las prioridades del partido al publicar: “APRUEBEN LA LEY SAVE AMERICA”.

Con todo, según la legislación estadounidense, la ley de vivienda podría convertirse en ley incluso sin la firma del presidente. Las normas vigentes establecen que una iniciativa aprobada por el Congreso entra en vigor si el presidente no la firma dentro de los 10 días posteriores a su aprobación mientras el Congreso permanece en sesión, sin contar los domingos.

El proyecto de ley sobre vivienda, denominado “Ley del Camino a la Vivienda del Siglo XXI” (“21st Century Road to Housing Act”) forma parte de los esfuerzos republicanos para responder a las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida y el acceso a la vivienda antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La ley aborda el descontento generado por los fondos de capital privado. Una de sus disposiciones prohíbe que los grandes inversores institucionales que ya poseen 350 o más viviendas unifamiliares adquieran propiedades adicionales.

Además, podría impulsar la construcción de viviendas en fábricas. Durante las últimas cinco décadas, la legislación federal ha exigido que las viviendas prefabricadas se construyan sobre una base permanente con ruedas; esto puede incrementar el costo hasta en US$ 10.000 y limita la ubicación de dichas viviendas a parques de casas móviles en muchas zonas. El proyecto de ley elimina este requisito, lo que permitiría a más estadounidenses acceder a viviendas construidas de manera más rápida y económica.

La iniciativa facilitaría la obtención de financiación o fondos para rehabilitar viviendas antiguas en mal estado. El costo de las casas que requieren reformas ha aumentado aún más debido a la inflación reciente y a la política arancelaria de Trump. El proyecto de ley autorizaría un programa piloto para ofrecer subvenciones y préstamos condonables destinados a cubrir las necesidades de reparación de viviendas.

Finalmente, incentivaría a los gobiernos locales a flexibilizar las restricciones de zonificación y los trámites para la obtención de permisos. Muchos expertos en vivienda señalan que las normativas locales de zonificación y la burocracia excesiva son la causa principal de la desaceleración en la construcción de viviendas; por ello, el proyecto de ley alienta a los estados y gobiernos locales a adoptar políticas de uso del suelo y zonificación que favorezcan el desarrollo habitacional.

Trump presiona al Congreso para que apruebe su preciada reforma electoral, y con ello aumenta también la magnitud de las complicaciones que esta medida conllevaría a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Aunque los republicanos respaldan mayoritariamente los objetivos de la ley SAVE, esa misma realidad podría explicar por qué la medida ni siquiera alcanzó los 50 votos republicanos la última vez que se debatió en el pleno del Senado; no es solo el obstruccionismo demócrata lo que se interpone en su camino.

Un aspecto crucial es que la versión más reciente del proyecto de ley SAVE America exigiría a los funcionarios electorales que implementaran sus profundos cambios de inmediato, lo que significa que se aplicarían a unas elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar dentro de poco más de cuatro meses.

Según el proyecto de Trump, las personas que se registren para votar tendrían que presentar personalmente ante los funcionarios electorales documentos que acrediten su ciudadanía. Esto también incluye a quienes se registren para votar en línea o por correo.

También se exigiría a los votantes presentar una “identificación válida con fotografía” para sufragar en elecciones federales. Los requisitos de identificación del proyecto de ley también crearían nuevos obstáculos para quienes votan por correo.

Los estados tendrían que adoptar medidas adicionales para eliminar de las listas de votantes a las personas no elegibles para participar en elecciones al Congreso y presidenciales.

Los funcionarios electorales se enfrentarían a sanciones penales si registran a una persona que no haya cumplido con el requisito de acreditar su ciudadanía establecido en el proyecto de ley.

En suma, los funcionarios electorales tendrían que determinar cómo implementar rápidamente estos cambios mientras lidian con otros contratiempos que ya plantean desafíos, como una ronda sin precedentes de redistribución de distritos a mitad de década y litigios judiciales pendientes que podrían modificar las normas electorales.

Precisamente esta semana, un fallo judicial socavó considerablemente las disposiciones de la ley SAVE America relativas a la verificación de los padrones electorales, al bloquear un juez el uso del sistema federal de datos de ciudadanía para depurar dichas listas.

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